no excluye al sector privado en la prestación de este servicio, pero se requieren reglas claras a partir del diálogo, para que Gobierno y empresas puedan coexistir, por el bienestar de las partes involucradas. "Necesitamos que se aplique esta Resolución en el marco de la legalidad y de la seguridad jurídica lo que repercutirá en favor, no sólo del sector empresarial sino de todos, porque en la medida que este grupo subsista, en esa misma medida van a existir puestos de empleos para un importante contingente de trabajadores de Puerto Cabello que en el tiempo no van a poder ser absorbidos por Bolipuertos, y la ciudad misma se beneficiará de una generación de riqueza que al final del día se refleja en las arcas municipales". La reflexión es del doctor José Alfredo Sabatino Pizzolante, consultor jurídico de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello y presidente de la comisión de aduanas y asuntos portuarios de Consecomercio, quien es el invitado a nuestra sección "Desayuno en la Redacción" en un encuentro que se desarrolló en el despacho de este especialista en derecho marítimo, a propósito de las primeras medidas tomadas por Bolipuertos, empresa oficial adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, creada según decreto del gobierno del presidente Hugo Chávez para dar nacimiento a un nuevo sistema nacional de puertos. En esta conversación estuvieron presentes los (as) periodistas Noura Aboud, pasante; Javier Porras, reportero gráfico y quien suscribe. Sabatino comenzó su exposición calificando de predecibles las medidas del Gobierno nacional en materia de gestión portuaria. Cada gobierno, en función de su realidad legal y económica y de lo que es su concepción política, está en libertad de escoger un modelo determinado para regir el desarrollo, administración y operatividad de los puertos del país. Ahora el esquema es estatizador, eso es perfectamente válido y uno lo debe aceptar como cambios que se producen dentro del sistema portuario desde el punto de vista político, pero analizados a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo, resaltó. "No hay ninguna otra señal que nosotros estemos recibiendo a nivel internacional que no sea la de que los puertos están siendo manejados a través de esquemas mixtos, con participación pública y privada y en otros casos están siendo manejados básicamente sobre una filosofía de servicios privatizados en razón de la dinámica del negocio portuario y las grandes inversiones que sus instalaciones requieren". En estos modelos de gestión el sector público se está reservando para si la planificación y rectoría del sistema pero la actividad diaria está siendo entregada al sector privado con la figura de operadores de terminales para que no solamente presten los servicios sino que también inviertan en su modernización. En cuanto a las medidas de recentralización o reversión portuaria, aplicadas por este gobierno y enmarcadas en su política socialista, Sabatino advirtió que se están ejecutando muy apresuradamente, rayando casi en la improvisacion. Detalló que los puertos de Maracaibo, Puerto Cabello, El Guamache y La Guaira, están administrados ahora por Bolipuertos y Puertos del Litoral Central, S.A. el último de ellos, con una serie de atribuciones que comenzaron a ser ejecutadas con las resoluciones 112 y 192 del MOPVI, que le faculta a revisar todos los contratos de los operadores portuarios dentro de los muelles y la ocupación y control absoluto de almacenes, silos y patios, acción que en la localidad se inició el pasado viernes 31. Advirtió que las medidas, aunque marca la tendencia estatal, no son una intervención contra las empresas, sino que afecta las propiedades que tienen dentro de la zona portuaria. En función de esa nueva realidad Bolipuertos tiene en su poder todos los equipos necesarios para prestar servicios de almacenamiento, por lo que los bienes de 34 empresas, incluyendo mobiliario de oficina, han sido objeto de una retención temporal lo cual quedó registrado en actas firmadas al efecto, acompañadas del levantamiento de inventarios, dijo. Detalló el invitado que según la Resolución 192 en Bolipuerto también están facultados para discutir con los entes privados el destino de estos equipos; pero resaltó que las operaciones de carga y descarga siguen en manos del sector privado. "La gran pregunta que uno se hace es cómo va el sector privado a prestar estos servicios cuando la maquinaria con que se ejecutan estás labores han sido objeto de medidas de retención, por lo que allí hay una ambiguedad que debe ser aclarada". Llegado a este punto Sabatino sostuvo que según su opinión, la única manera de aclararla es con base a dos elementos: en primer lugar una literal y estricta interpretación de la Resolución 192 que faculta al sector privado en la prestación de los servicios de carga y descarga; y como segundo punto, establecer de inmediato un diálogo franco y respetuoso entre Bolipuertos y empresarios para explorar la manera conforme a la cual los operadores portuarios van a hacer uso de su maquinaria. "La propia Resolución 192 establece claramente que Bolipuertos está facultada para afectar temporalmente lo que equivale decir retener la maquinaria portuaria necesaria para la prestación de los servicios de almacenamiento, en aras de garantizar la continuidad de la actividad portuaria pero, igualmente debe discutir la manera cómo va a adquirir, arrendar o devolver esos bienes de propiedad privada a sus legítimos propietarios y eso debe hacerlo de manera inmediata, ya que Bolipuertos tiene el resguardo y custodia de esos costosísimos activos. Esto es algo que debe hacerse sin dilación de ningún tipo, por lo que Bolipuertos debería coordinar con el empresariado el avalúo de los equipos y los términos de negociación como lo imponen el respeto al derecho de propiedad". Con la participación de toda la comunidad portuaria Hay que superar esta transición Sólo con el dialogo se pueden superar los efectos de estas medidas de transición aplicadas por el Gobierno nacional en su afán de Estatizar la actividad portuaria. Sabatino insiste en esta recomendación debido a la gran confusión e incertidumbre existente entre la comunidad portuaria nacional e internacional. "Representantes de exportadores e importadores, líneas navieras y agentes de carga, nos hacen preguntas de qué es lo que está ocurriendo y por qué los buques no están siendo atendidos con la normalidad del caso; y uno tiene que explicarles, según lo que sabe, como se está desarrollando este proceso de Estatización y cómo esperaríamos que las aguas vuelvan a su cauce". En cuanto a las repercusiones de disminución de las importaciones y secases de productos en el país, Sabatino cree que a Venezuela seguirán llegando los bienes que se necesita; pero este proceso de transición, que sólo es superable con el diálogo, va a tener su impacto económico a corto plazo. "Tenemos nuevas reglas de juego y ahora tiene que readecuarse un sistema con el que teníamos dos décadas operando; yo no descarto entonces que todavía se presenten muchos problemas en la recepción y despacho de mercancías, situación que tiene que ver con las indefiniciones existentes aún dentro de los muelles en cuanto a las funciones y acciones de Bolipuertos". Hay muchas indefiniciones en las operaciones portuarias y eso se traduce en que las mercancías permanezcan en los puertos sin poder ser despachada, lo que aumenta sus costos y eso inevitablemente se refleja en su precio final, de manera tal que algún impacto va a tener en la economía del país, reiteró. "Es por esa razón que todos los entes involucrados en la actividad deberíamos sentarnos alrededor de una misma mesa para, sobre la marcha, ir analizando los diversos puntos de conflictos y tratar así de resolverlos". Resaltó que la aplicación de las Resoluciones 112 y 192 se debaten entre la improvisación y el apresuramiento, lo que repercute en el normal funcionamiento de las operaciones. Citó como ejemplo el caso de los agentes aduanales que para el despacho de la mercancía a su cargo, desconocían en qué cuentas depositar sus pagos, el tema de las preliquidaciones, el crédito para poder retirar los bienes, etc., aspectos operativos estos que de alguna u otra manera debieron ser previstos con antelación.