parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público. De hecho, existe desde mediados de 2007 bajo el mismo nombre, sólo que en 2009 se amplió su alcance. En la Gaceta Oficial N° 38.703 del 12 de junio de 2007 fue publicado el Decreto N° 5.380, el cual consta de ocho artículos. El artículo 1 expresa que “se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima que se denominará “Bolivariana de Puertos, S.A. (BPSA); la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura y tendrá su domicilio en la ciudad de Caracas, pudiendo establecer oficinas, sucursales y agencias en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del exterior, por decisión de la Junta Directiva, previa autorización de la Asamblea de Accionistas y aprobación del ministro o ministra del Poder Popular para la Infraestructura”. El artículo 1 del Decreto N° 6.645 del 24 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.146, varía muy poco en su contenido. Establece que “se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de sociedad anónima, que se denominará “Bolivariana de Puertos (BP)”, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda y tendrá su domicilio en la ciudad de Caracas, pudiendo establecer oficinas, agencias o domicilios especiales en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización de su órgano de adscripción y acuerdo de la Asamblea de Accionistas”. El Gobierno Nacional no ha aclarado si se trata de la misma empresa o son dos corporaciones de nombres similares. Lo resaltante es que ambas fueron adscritas al mismo ministerio. Los objetivos sociales de Bolivariana de Puertos estaban limitados en 2007, pero aunque se incluyó la palabra “recuperación” no se aclaró en qué consistiría, pues para esa fecha aún los institutos autónomos adscritos a las gobernaciones de los estados estaban a cargo de las administraciones de sus puertos. El artículo 2 del Decreto N° 5.380 estableció entre los objetivos sociales de la empresa “la modernización, recuperación, equipamiento y construcción de puertos tanto en la República Bolivariana de Venezuela como en la República de Cuba, así como también la elaboración de los correspondientes estudios, proyectos de ingeniería, planes de desarrollo y gestión del financiamiento para tales fines, y en general, la realización de todo acto de lícito comercio que guarde relación directa e indirecta con el objeto principal y que resulte necesario”. En el decreto del 24 de marzo de 2009, los propósitos de la corporación son ampliados y se incluyen el “acondicionamiento, administración, desarrollo, mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los bienes y servicios que comprenden la infraestructura portuaria”. ¿De papel? El artículo 4 del decreto de 2007 define que el capital social de Bolivariana de Puertos será de Bs. 3.200.000.000 (Bs.F. 3.200.000), del cual el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), poseerá el 51%, mientras que el 49% de las acciones lo tendría una organización denominada “Grupo Empresarial de la Industria Portuaria” (Asport) aparentemente de origen cubano. Entretanto, el capital social para la empresa creada en 2009 es de Bs.F. 10.000.000, suscrito y pagado en 100% por la República Bolivariana de Venezuela. El vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Portuario, José Sabatino Pizzolante, acota que aunque “curiosamente” ambas empresas tengan el mismo nombre pero diferentes siglas, fueron creadas para asistir a sectores distintos. Mientras que la primera está dirigida a atender y construir puertos públicos y privados, tanto en Venezuela como en Cuba, la segunda fue consolidada para administrar puertos públicos, especialmente los de Carabobo, Nueva Esparta y Zulia. “Pareciera no haber solapamiento de objetos”, indica el experto. El abogado especialista en derecho portuario comenta, sin embargo, que al parecer BPSA es una empresa “que se quedó en el papel”, pues no se conoce que haya desarrollado algún tipo de proyecto. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para la recentralización fue la supuesta ineficiencia de las gobernaciones en la administración de los puertos y aeropuertos. A pesar de todas las fallas atribuidas a la descentralización, cuando se liquidó el Instituto Nacional de Puertos y el Ejecutivo del estado Carabobo pasó a controlar el puerto de Puerto Cabello en noviembre de 1991, el promedio de estadía de los buques en la bahía bajó de 163 a 58 horas en 1992, y alcanzó su punto más bajo en 2003, cuando se registró un promedio de 28 horas de espera. Sólo estados opositores En los decretos 6.645 y 6.646, con los que se crean respectivamente las empresas Bolivariana de Puertos y Bolivariana de Aeropuertos, sólo se afectan los terminales de estados gobernados por la oposición, Carabobo, Nueva Esparta y Zulia, mientras que se deja abierta la posibilidad de incluir otros que se incorporen, construyan o adquieran “en el futuro por cualquier título”. Los aeropuertos de Higuerote (Miranda), San Antonio y La Fría (Táchira) y Oro Negro y Santa Bárbara (Zulia), fueron incluidos luego de publicarse la Gaceta Oficial con los decretos.