así como también a la junta administradora encargada de manejar los recursos monetarios asignados por el Instituto Puerto Autónomo (Ipapc) a través del 12,5%, para el desarrollo de obras de mejoras sociales, por incumplimiento de los convenios establecidos, especialmente el relacionado con la paralización de las 1 mil 044 soluciones habitacionales en el sector de Boca de Lobo. De esa manera lo informó durante la rueda de prensa semanal del Gobernador Luis Felipe Acosta Carlez, llevada a cabo en las instalaciones del terminal marítimo de Puerto Cabello. Delgado explicó que a muy corto plazo tiene previsto introducir la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. Refirió que en los próximos días comenzará a reunirse con el Director de Asuntos Jurídicos del Ipapc, para estudiar detenidamente las cláusulas de los convenios de mejoras sociales que debieron ser ejecutadas por la Alcaldía, a través del Fonporis (Fondo portuario municipal para la inversión en infraestructura de servicios públicos), con los recursos ya entregados en el año 2004 y 2005. El procurador Delgado, señaló enfáticamente que gran peso de la demanda se genera por los severos retrasos en la construcción del complejo habitacional en Boca de Lobo. A la fecha apenas se habría acomodado el terreno, y se reportan denuncias como incumplimiento por parte del ente municipal en el pago de las evaluaciones del espacio de construcción. Aseguró que el Fonporis tampoco habría cumplido con una de las cláusulas referida a la dotación escolar de las escuelas nacionales y estatales de Puerto Cabello. Agregó que para este proceso legal, también intervendrá la Contraloría del estado, a fin de verificar el grado de cumplimiento de las obras a acometer con cada uno de los aportes económicos que habrían sido ejecutados. ARRECIO DE ACCIONES LEGALES Advirtió que la intención legal es lograr que la Alcaldía de Puerto Cabello ejecute las obras pendientes y a las cuales se les habría asignado el recurso económico para ello. De no cumplirse con lo establecido en los convenios firmados entre el Ipapc y el Fonporis, la Procuraduría intentará una acción por daños y perjuicios. Explicó que la Alcaldía al no responder con lo legalmente firmado, estaría en riesgo de atravesar una acción penal ante la presunción de apropiación indebida. "Una acción puede dar origen a varias", dijo Delgado. Aseguró que han intentado en varias oportunidades reunirse con el alcalde Osmel Ramos y el equipo que integra el Fonporis. "Por ser una autoridad pública lo estuvimos buscando, pero nada!", exclamó Delgado. "No aparece por ninguna parte". REMANENTE DEL 12,5% NO VA Cabe recordar que el 19 de diciembre del 2006 el Tribunal Supremo de Justicia, sentenció la nulidad del artículo 51 de la Ley General de Puertos, que establecía el aporte anual del 12,5% de los ingresos brutos de los entes portuarios del país a las respectivas Alcaldías en las que mantiene operaciones, para la ejecución de obras de mejoras sociales. En Puerto Cabello habría quedado pendiente la entrega de la asignación monetaria del año 2006, junto a un remanente de diciembre del 2005; sin embargo, y según lo declarado por el Procurador Delgado, tal dinero no será entregado, pues sería una acción fuera del rango legal.